La
necesaria huelga general
Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu
Fabra
Opinión a fondo
01 nov 2012
Las políticas
públicas que el gobierno Rajoy en España y el gobierno Mas en Catalunya están
llevando a cabo están afectando muy negativamente al bienestar de la mayoría de
la población española, incluyendo la catalana. Sus enormes recortes de gasto y
empleo público están deteriorando los servicios públicos del Estado del
Bienestar, tales como sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de
infancia (mal llamadas guarderías en España), servicios domiciliarios a las
personas con dependencia y servicios de prevención de la exclusión social,
entre otros, que configuran la calidad de vida de toda la población, y muy en
especial de las clases populares (la clase trabajadora y las clases medias de
rentas medianas y bajas), que son las que utilizan predominantemente tales
servicios.
Tales gobiernos
han reducido también las transferencias públicas tales como las pensiones, de
manera tal que los beneficiarios de estas transferencias han visto reducir su
capacidad adquisitiva de una manera muy notable. Las pensiones de vejez, que
son responsables de que el 64% de los ancianos en España, incluyendo Catalunya,
no sean pobres, han perdido poder adquisitivo, resultado de crecer por debajo
de la inflación. Como consecuencia, y en contra de lo que se está publicando en
los medios de mayor difusión, la pobreza entre los ancianos está aumentando,
una situación que no pasaba en España desde hace años. Tal incremento ha sido
incluso más acentuado incluso entre los jóvenes e infantes, resultado, en
parte, de las reducciones de las ayudas a las familias (ver la colección
dirigida por Vicenç Navarro y Mónica Clua, El impacto de la crisis en las
familias y en la infancia, Observatorio Social de España, publicado
recientemente por Ciencias Sociales Ariel 2012).
Tales gobiernos
han aprobado también reformas laborales que se presentaban como la solución
para el elevado desempleo, que han tenido un impacto contrario al que en teoría
se deseaba, reducirlo. El desempleo ha continuado creciendo, alcanzando el 25%
de la fuerza laboral, siendo el número de desempleados de 5.778.000, una cifra
nunca alcanzada antes. Esta elevada cifra ha atemorizado a toda la población,
creando un enorme sentido de inseguridad, responsable del gran descenso de los
salarios en España (lo cual, en realidad, era el objetivo real, nunca
explicitado, de tales reformas).
Tal reducción de
los salarios junto con los recortes tan notables del gasto público y la
destrucción de empleo (tanto público como privado) han creado un enorme bajón
en la demanda de productos y servicios, responsable, en parte, del descenso tan
marcado del crecimiento económico, realidad incluso reconocida recientemente en
un informe del gabinete de estudios del Fondo Monetario Internacional. Tales
políticas están contribuyendo a la recesión que la economía española,
incluyendo la catalana, está sufriendo. De hecho, y tal como algunos de
nosotros hemos estado alertando desde el inicio de la crisis, tales políticas no
sólo han sido ineficaces en el intento de facilitar la salida de nuestro país
de la crisis, sino que han sido contraproducentes, como los hechos se han
encargado de mostrar.
Las
políticas que se están aplicando están afectando negativamente el bienestar de
la población y empeorando la situación económica
En realidad era
muy fácil predecir las consecuencias tan negativas de tales políticas, pues
iban en dirección contraria a las que los gobiernos Rajoy y Mas deberían haber
llevado a cabo, es decir, políticas expansivas de gasto público, orientadas
hacia la creación de empleo, y políticas favorecedoras del aumento de la
capacidad adquisitiva de la población, tales como la subida de salarios. Son
estas medidas las que podrían sacar a España de la recesión, la cual está
profundizándose, yendo hacia la depresión. Fue mediante tal tipo de políticas
que la administración del presidente Roosevelt terminó con la Gran Depresión
(existente en EEUU al principios del siglo XX), expandiendo –a través del New
Deal- el gasto y empleo público, y facilitando la sindicalización a fin de
facilitar el crecimiento salarial. Un tanto semejante ocurrió en Europa después
de la II Guerra Mundial, cuando las economías europeas estaban en recesión.
Ésta dejó de existir a base de un enorme aumento del gasto público, facilitado
por el plan Marshall. Y hoy, cuando la economía española se está deteriorando,
el gobierno Rajoy y el gobierno Mas están recortando el único sector –el sector
público- que podría estimular la economía, pues el sector privado esta
paralizado debido a su enorme endeudamiento (endeudamiento, por cierto, causado
en gran parte por la disminución de la capacidad adquisitiva de la población,
resultado de la reducción de los salarios y aumento del desempleo). Tales
intervenciones son profundamente erróneas, y se están desarrollando porque
permiten alcanzar los objetivos que las fuerzas conservadoras y neoliberales
(que tales partidos gobernantes representan) han deseado siempre, a saber, el
debilitamiento y privatización del Estado del Bienestar y la reducción de los
salarios, debilitando a los sindicatos. Y lo están consiguiendo a base de haber
transmitido, a través de los medios de información y persuasión públicos y
privados que las fuerzas conservadoras y neoliberales controlan, y que son la
gran mayoría, el mensaje de que no hay alternativas a las políticas altamente
impopulares que están desarrollando.
No es
cierto que no haya alternativas
Pero es fácil de
demostrar que sí que hay alternativas. Por cada recorte de gasto público que
tales gobiernos están realizando a fin de conseguir mayores ingresos al Estado,
se pueden mostrar otras medidas que podrían haber incrementado tales ingresos
al Estado en cantidades similares o incluso superiores a las que han conseguido
a base de recortes. Por ejemplo, en lugar del recorte de 6.000 millones de
euros en sanidad pública llevados a cabo por los gobiernos Rajoy y Mas, se
podrían haber conseguido 5.600 millones revertiendo la bajada del impuesto de
sociedades (que tanto el PP como CiU aprobaron) de las empresas que facturan
más de 150 millones de euros al año (y que representan un 0,12% de todas las
empresas españolas). O en lugar de reducir las pensiones para conseguir 1.200
millones, se podrían haber conseguido 2.100 millones manteniendo el impuesto
sobre el patrimonio, o 2.552 millones eliminando la bajada de impuestos de
sucesiones. O en lugar de recortar 600 millones de euros para los servicios de
dependencia, se podría reducir el subsidio a la Iglesia católica (aprobado por
el PP y CiU) para enseñar clases de religión en las escuelas públicas. Y así,
un largo etcétera.
En realidad, el
Estado español, tanto central como autonómico, podría conseguir fácilmente más
de 120.000 millones de euros, no sólo corrigiendo el fraude fiscal (que está
altamente concentrado en las grandes fortunas, en las grandes empresas y en la
banca) obteniendo 66.000 millones de euros, sino también corrigiendo la enorme
regresividad en las políticas fiscales. No es por casualidad que los países de
la Eurozona que están atravesando mayores dificultades, con déficits públicos
mayores (Grecia, Portugal, España e Irlanda) hayan tenido todos ellos
dictaduras o sistemas profundamente conservadores que determinaron Estados
pobres, con escasa conciencia social (que explica el escaso desarrollo de sus
Estados del Bienestar) y poco redistributivos (ver mi artículo “El
mantenimiento o desmantelamiento del Estado del Bienestar” en www.vnavarro.org). Éstas
son las causas de sus crisis, puesto que la gran influencia que las fuerzas
conservadoras han continuado teniendo sobre sus Estados no han permitido
cambiar sustancialmente tal situación. España y Catalunya, 34 años después de
reinstaurar la democracia, continúan estando a la cola de la Europa Social (su
gasto público social por habitante es de los más bajos de la UE-15). De ahí la
urgencia de que haya una respuesta conjunta en todos estos países frente al
ataque frontal al bienestar de su ciudadanía.
Las medidas
antidemocráticas que se están imponiendo
Tales políticas
de austeridad están siendo apoyadas por las fuerzas conservadoras y
neoliberales que dominan el sistema de gobierno de la UE, y que están
construyendo esta Europa y esta España (incluyendo Catalunya), a espaldas de
los distintos pueblos y naciones que la constituyen. Las políticas públicas que
tanto el gobierno Rajoy como el gobierno Mas están llevando a cabo son medidas
que no tienen ningún mandato popular. Es, por lo tanto, un ataque a la
democracia española que merece una respuesta contundente. Se están
implementando medidas que afectan a la calidad de vida de la ciudadanía, sin
que la mayoría de la población (incluso aquella que les votó) hubieran aprobado
tales políticas, ya que ninguna de ellas estaba en su programa electoral.
Mientras, las ayudas del Estado a la banca, que fue la que originó la crisis
con sus comportamientos especulativos, han alcanzado una cifra enorme,
equivalente casi al 10% del PIB, sin que ninguna ayuda se haya proveído a
las clases populares, que han sido víctimas de tales comportamientos. Hoy en
España, incluyendo Catalunya, el ciudadano que no está indignado es porque no
conoce lo que está pasando en su país. Nunca antes se había hecho tanto para
tan pocos a costa de la gran mayoría de la población.
Dos últimas
observaciones. Hay un enfado generalizado en España y en
Catalunya, resultado
de las políticas que se están realizando, sin que exista ningún mandato
electoral para ello. Y existe también un agotamiento que está conduciendo a una
rendición, expandiéndose la percepción de que las movilizaciones y la agitación
social no sirven para nada. Eso no es cierto. La constante manipulación de
nuestra historia ha hecho que se haya olvidado que, mientras el dictador Franco
murió en la cama, la dictadura murió en la calle. De 1974 a 1978, España fue el
país que proporcionalmente tuvo mayor número de huelgas y manifestaciones
populares que haya habido en Europa en la segunda mitad del siglo XX. Tal
agitación social fue lo que determinó la Transición de la dictadura a la
democracia. Ahora bien, consecuencia del enorme dominio que las fuerzas
conservadoras todavía mantenían sobre el aparato del Estado, tal democracia
tiene enormes limitaciones. De ahí que alcanzar una segunda Transición ahora,
pasando de tal democracia limitada a una democracia real, en la que la
ciudadanía sea la que configure las políticas públicas del Estado, requerirá
también una enorme agitación.
La otra
observación es que hace unas semanas, en Barcelona, un millón y medio de
personas salieron a la calle, manifestación que ha tenido un enorme impacto a
lo largo del territorio español. Ello es un ejemplo que cuando la gente sale a
la calle en protesta pueden tener un gran impacto. No hay duda de que una
huelga general con la participación de millones de españoles que coincida con
movilizaciones y huelgas generales en otros países de la Eurozona, mostrando un
gran hartazgo y protesta contra las políticas públicas llevadas a cabo por los
establishments español y catalán, así como por el establishment europeo (que
las ha apoyado), tendrá un gran efecto, que no puede ignorarse, pues derrumba
todo el argumentarlo que utilizan tales establishments, cuando se presentan
como los portavoces del deseo popular.
Y en España, tales movilizaciones
exigiendo que se reviertan tales políticas que carecen del apoyo popular, son
continuadoras de las movilizaciones anteriores que ocurrieron tanto durante la
dictadura (que forzaron su fin), como después, durante el periodo democrático
(que determinaron una expansión de los derechos civiles, laborales y sociales)
y que hoy deben continuarse cuando no sólo tales derechos, sino la propia
existencia de la democracia (ya en sí, excesivamente limitada en nuestro país)
se está violando. En realidad, la reducción de aquellos derechos es
consecuencia directa de la eliminación de la democracia, mediante la aplicación
de medidas carentes de mandato popular.
